El Tax Lease era un sistema de bonificaciones fiscales empleado por los agentes del sector naval que permitía rebajas de precios de hasta el 30% por cada buque construido y que no se podía aplicar a ciertos tipos de barcos como pesqueros y remolcadores.

Según fuentes del sector, fue el talante de cierto empresario valenciano del naval, sin lugar a dudas, la causa que provocó las denuncias europeas contra este sistema, cuyas consecuencias sufre ahora todo el sector naval español.
Una agresiva oferta de Boluda para dar servicio de remolcadores en Amberes con buques construidos en su astillero de Valencia, provocó este enfrentamiento.

A pesar de saberse que los remolcadores no podían disfrutar de las ventajas del Tax Lease, las empresas de la corporación BOLUDA introdujeron este procedimiento en sus operaciones, lo cual le permitía ofertar agresivos precios imposibles para otras empresas europeas constructoras de barcos de servicios portuarios, provocando la ira de sus competidores.
No sólo eso, además Boluda achacó el cierre de su factoría valenciana a la decisión y gestión del Tax Lease.

Boluda Corporación Marítima confirmó, en una nota de la empresa que atribuía la ausencia de carga de trabajo a las exigencias de la Unión Europea.
Boluda atribuyó al rigor fiscal de la UE el cierre del astillero Unión Naval.

El expediente de la Comisión Europea contra España por el Tax Lease se abrió precisamente tras una denuncia de Holanda (secundada por otros seis países) tras un contrato conseguido por Unión Naval Valencia para la construcción de una flotilla de remolcadores para el puerto de Amberes (Bélgica) y su posterior explotación (la entrega de las últimas cuatro unidades fue en octubre 2012, mes en el que se iniciaba el cierre de la empresa).

Pero la gota que colmó el vaso no fue puesta exclusivamente por Boluda. Alertado el gigante de la construcción naval europea Damen, muy introducido el en segmento de los remolcadores, vio que esta podría ser también la causa de haber perdido un contrato al que aspiraba a favor de la Naval de Sestao.

El expediente contra España se abrió atendiendo una denuncia de Holanda, que fue secundada por otros seis países, entre ellos Francia, Noruega, Finlandia y Portugal.
Al parecer el detonante fue que desde Valencia (Unión Naval de Valencia y Boluda) se les arrebató a los holandeses la construcción de una partida de remolcadores para el puerto de Amberes (Bélgica) y su posterior explotación.
Y que desde Bilbao (Naval de Sestao) se hizo lo propio con unas dragas encargadas por la belga Jan de Nul a las que optaba el gigante Damen.