El amarre de barcos es un fenómeno muy antiguo, sin embargo, las controversias prácticas en torno a su problemática, sólo se han manifestado en nuestro país en los últimos años, especialmente a partir de finales de la década de los noventa del siglo pasado. La circunstancia expuesta, que tiene una indudable importancia práctica en el mundo de la náutica, es convergente con el desarrollo de la navegación deportiva, aunque sin embargo, no ha ido unida a un tratamiento detallado de esta problemática por parte de los legisladores, quienes, hasta la fecha, no han prestado mucha atención a la náutica de recreo en general.
La realidad jurídica del amarre se mueve en un ámbito complejo, a caballo entre el Derecho del mar, el Derecho de obligaciones y contratos, el Derecho del turismo y el Derecho administrativo.
Los concesionarios de puertos deportivos en la Islas Baleares han manifestado en multitud de ocasiones y en distintos foros tener un importante problema suscitado por la existencia de embarcaciones abandonadas en sus puertos. Para poder eliminar estas embarcaciones de las instalaciones portuarias hay que acudir a la jurisdicción ordinaria correspondiente al efecto de solicitar la oportuna autorización judicial para la retirada de la embarcación y su correspondiente salida a subasta, para poder compensar la deuda contraída por el propietario del bien abandonado en la instalación portuaria. No obstante, este es un procedimiento muy largo y que causa importantes perjuicios económicos a los concesionarios de puertos deportivos, especialmente en el caso de los barcos de bandera extranjera o cuando el armador se encuentra en paradero desconocido y resulta difícil hacerle llegar las correspondientes notificaciones.
En la actual situación de crisis, los clubes náuticos, los puertos deportivos y los turísticos se han visto afectados por los impagos que se derivan de ella, y no sólo eso, si no que, al cúmulo de barcos que por diversas circunstancias se habían abandonado en instalaciones portuarias, dicen los afectados, que se han añadido un nuevo e importante número de ellos desde el inicio de esta dramática situación económica en la que está sumido nuestro país.
Este hecho supone un importante perjuicio para los concesionarios de puertos deportivos, ya que al problema económico de no cobrar el precio por la estancia y custodia de un barco en el amarre, se une la imposibilidad de usar ese amarre o estacionamiento en tierra para otra embarcación que si reportará beneficios económicos y por ende, además, los peligros de accidente, hundimiento o contaminación medioambiental que pueden provocar estos barcos abandonados, que a lo largo de los años suelen llegar a estar en un importante estado de deterioro, accidentes de los cuales podría hacerse responsable a las instalaciones portuarias en las que está amarrado el barco abandonado.
Se ha detectado una creciente preocupación en el sector por este problema y por hallarle una solución. Solución que por otra parte, las Administraciones Públicas competentes en materia, léase Puertos del Estado y las diferentes entidades dependientes de las Comunidades Autónomas de puertos si se preocuparon de establecer para los puertos que gestionan directamente, pero que, en principio, parece, no están dispuestos a aplicar a sus puertos concesionados, porque a su entender la legislación vigente no lo permite, cosa de la cual disiento.
Cuando se detecta un problema con connotaciones económicas, en un momento en que es necesario apostar por el desarrollo y el crecimiento para sacar al país del estado en que se encuentra, hay que hacer una seria apuesta y ponerse manos a la obra para encontrar soluciones. En este caso, se ha enunciado un problema, pero no existe ninguna referencia empírica que nos indique cual es la magnitud real del problema.
Esa es la primera medida que hay que adoptar, tener un conocimiento real y exacto de la problemática general que suponen los barcos abandonados en los puertos de la Islas Baleares. La Autoritat Portuaria de Balears y Ports de les Illes Balears, tienen esos datos de sus puertos de gestión directa, porque les interesa tenerlos para desarrollar su gestión, pero no los tienen para los puertos de gestión indirecta. Por eso, es de capital importancia que las Administraciones Públicas y las asociaciones de puertos se pongan de acuerdo para elaborar un estudio y un censo de embarcaciones abandonadas que permita conocer las cifras exactas de estos barcos en esta situación y así poder evaluar la realidad y la importancia del problema.
Está información puede ser de gran utilidad para todos los agentes relacionados con el sector de puertos deportivos ya que una vez obtenidos estos datos, a parte de tener unas estadísticas productivas para ponerse a trabajar, se tendrá un mapa completo de la magnitud real de la problemática de los barcos abandonados que a día de hoy se habla mucho pero nadie tiene un estudio y censo de ello.
Detectada la magnitud real del problema será el momento en que todos los interesados, en el caso de que la legislación vigente no sea la adecuada para solucionar la cuestión, afronten de manera conjunta y mediante consenso la realización de las modificaciones legales necesarias al efecto de dar una solución a este problema.
Sería un grano de arena muy beneficioso para la recuperación del sector náutico y la generación de empleo. Todo este cúmulo de circunstancias expuestas, hace imprescindible que se halle una solución, rápida, efectiva, económica y sostenible para el problema de los barcos abandonados en las instalaciones portuarias de gestión indirecta.
Autor: Marilena Estarellas